Corría el año 1992 y yo me encontraba haciendo el curso de SUR-CEPAL sobre Planificación Social, cuando se presentó un señor holandés con una charla sobre el futuro de la política y del "servicio público", un señor que había ocupado cargos altos a nivel de ONU, BM, etc... un gurú. Y en esta charla realizó vaticinios, entre ellos, la aparición generalizada de nuevos fenómenos, para las próximas décadas, relacionados con la corrupción en la administración pública y en general, en el sistema político, bajo el influjo neoliberal, a propósito del cambio en la "estructura de los incentivos" que el modelo implanta para la participación en lo público. El fundamento de este gurú era simple: de la llamada "vocación por el servicio público" que existió durante casi todo el siglo XX, en donde el leitmotiv del servidor público era una suerte de contribución altruista al "desarrollo del país" (en un contexto de modelo desarrollista), se pasaba a un escenario en donde en términos generales, al centrar el éxito y la felicidad en la obtención del dinero, en un escenario transnacionalizado y monetarizado, impactaría en el sector público y sus actores, por lo que el común denominador de los nuevos "funcionarios y personeros" sería la obtención de cargos, casi exclusivamente con el fin último de mejorar su situación financiera personal-familiar. La "meta social" en la práctica de lo público sería más bien un objetivo de segundo o tercer nivel para el nuevo funcionario. De ahí entonces, que el tráfico de influencias, la obtención de información privilegiada, la realización de negocios encubiertos con palos blancos, etc, etc, más que una excepción, sería una regla. Sería una práctica integrada al sentido común del nuevo político-técnico de la administración publica.
En este contexto, ¿a quién le extraña la forma de operar de los actores participantes del caso Dávalos?. Convengamos en que todos sabemos que esto es una práctica generalizada de la clase política, pero que al ser expuesta como "caso mediático" se posiciona como un "problema". Todos sabemos que "la compra de bienes y servicios para el sector público" sufre importantes cambios de interlocutores según quien acceda al gobierno. Por ello, la puesta en escena de este caso no es más que la demostración de la doble realidad que vive la clase política y sus áreas de influencia en círculos de profesionales reclutados para el mundo de lo público. Una doble realidad: por un lado, el negocio privilegiado como sentido común, que es compartido y practicado por todos; y, por otro, la apariencia de la vigencia de una práctica de "vocación de servicio público" ya inexistente desde el punto de vista de la moral de la clase política.